Se estima una "significativa" subida del nivel del mar, que hará que algunas costas españolas retrocedan hasta 70 metros en 2050

Zonas más sensibles: Isla Canela (Huelva), la Manga del Mar Menor, la costa levantina, el Delta del Ebro y algunas costas de Baleares, entre otras

Palma. 06/03/2007. Noticias24horas.com. El Gobierno prepara una moratoria urbanística en numerosas zonas de la costa; ésta y otras propuestas estarán incluidas en el Plan director para la sostenibilidad de la costa, que podría estar terminado en diciembre.

El director general de Costas, José Fernández, consideró hoy que "lo más inteligente sería organizar con tiempo una gradual y progresiva retirada de la costa" hacia el interior ante una "significativa" subida del nivel del mar, que hará que algunas costas españolas retrocedan hasta 70 metros en 2050.

Fernández participó en el seminario "La gestión integral del litoral terrestre y marino", organizado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que se inauguró hoy y que se celebrará durante esta semana en la Universidad de las Islas Baleares.

Explicó que, según las últimas previsiones fiables, el nivel del mar en España subirá como media unos 15 centímetros hasta el año 2050 como consecuencia del cambio climático, un fenómeno que hay que considerar ante cualquier actuación en el litoral.

Incidió en la puesta en marcha de políticas de inmigración hacia el interior, para que la retirada se haga de una manera ordenada, "empezando por las edificaciones más obsoletas", dirigiendo las nuevas inversiones hacia el interior del territorio y "no empeñarnos en dedicar más recursos a zonas que van a ser objeto de graves daños en el futuro".

Esta y otras propuestas estarán incluidas en el Plan director para la sostenibilidad de la costa, que podría estar terminado en diciembre, y que pondrá el acento en la colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

En él se abordará la problemática de la costa con una perspectiva temporal y geográfica, para la puesta en marcha de "políticas consistentes", que tengan en cuenta el cambio climático, dijo Fernández.

Entre las líneas que marcará el Plan, mencionó también las estrategias de expropiación para que el retroceso se haga de manera ordenada, así como el establecimiento de una especie de moratoria urbanística en distintas zonas del litoral para evitar desarrollos permanentes.

Como zonas más sensibles y frágiles en las que deberían incidir esas políticas, Fernández citó Isla Canela (Huelva), la Manga del Mar Menor, la costa levantina, el Delta del Ebro y algunas costas de Baleares, aunque precisó que no son las únicas.

En su intervención recordó que más de la mitad de la población mundial vive en la costa y, en España, aunque los municipios costeros solo representan el 7 por ciento del total, acogen al 44 por ciento de la población, una cifra que en verano se multiplica por tres, de ahí la importancia de las políticas de gestión del litoral.

El Plan marcará también una línea de progresiva de recuperación de naturalidad en la costa, ya que hay muchos ecosistemas dañados en proceso de degradación, sobre los que aún es posible actuar.

Se trata también de intentar que la costa sea un espacio de bienestar y de salud, dijo Fernández, quien incidió en que el dominio público pertenece a todos, de tal manera que las costas canarias son tanto de los canarios como de los extremeños o de los húngaros.

El director general insistió en que la protección del litoral es una tarea de todas las Administraciones públicas, por lo que la puesta en marcha de esas políticas debe ser fruto del esfuerzo de todos.

Fernández también defendió la puesta en marcha de la facultad que permite la Ley de Costas de expropiar los terrenos colindantes para ampliar el dominio público marítimo-terrestre y "blindar de una manera definitiva" esos espacios.

Como último elemento para agrandar ese domino público señaló la necesidad de saber dónde están los deslindes, para lo cual el Gobierno se ha propuesto en esta legislatura definir los 3.500 kilómetros que no estaban delimitados, y de los que aun faltan por marcar unos 1.600 kilómetros.

Todas las políticas de gestión integral del litoral deben hacerse a través de los instrumentos de planeamiento urbanístico, que, según Fernández, "no están para repartirse la tarta".

Otro "gran instrumento" de gestión puesto ya en marcha por el Gobierno son los convenios con las comunidades autónomas (ya se han suscrito con Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Canarias y Galicia) para crear un marco estable de colaboración con las administraciones autonómicas.

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Foto: El director de Costas, en el centro.