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CONVERSACIÓN CON NARBONA EN EL CONGRESO
La Ley de Parques Nacionales abre el camino a un reparto de tareas "nítido" entre el Gobierno y las regiones

DOCUMENTACIÓN: CONTENIDOS DE LA LEY APROBADA

VALORACIONES:

WWF/Adena: No deja al Gobierno "ninguna capacidad" para controlar que la normativa se cumple

Ecologistas en Acción: "Garantiza el mantenimiento de la Red de Parques Nacionales"

Madrid. 15/03/2007. Noticias24horas.com.   La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, manifestó hoy su "profunda" satisfacción por la  aprobación definitiva de la Ley de Parques Nacionales, que abre el camino a un reparto de tareas "nítido" entre el Gobierno y las CCAA para garantizar la perfecta conservación de los mismos.

Narbona, que hizo estas declaraciones antes de la votación en el Pleno del Congreso del texto, que incorpora las enmiendas aprobadas en el Senado, señaló que la Ley permitirá que los Parques Nacionales sigan respondiendo al interés general de la nación.

Recordó que varias sentencias del Tribunal Constitucional otorgaron a las comunidades autónomas la competencia exclusiva sobre la gestión de los parques, aunque también aclararon el papel del Estado para que formen parte de una Red Nacional, que implique "requisitos y condiciones iguales" para todos ellos.

Narbona señaló que, paralelamente, el Ministerio puso en marcha al inicio de la legislatura un proceso de transferencias, que en la actualidad ha supuesto ya el traspaso de la gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido a Aragón; el de Aigüestortes, a Cataluña; y los de Doñana y Sierra Nevada, a Andalucía. La ministra confió en que a lo largo de este año se culminarán el resto de traspasos.

Explicó que la Ley prohíbe la construcción en los Parques Nacionales, en los que el suelo nunca podrá ser declarado urbanizable, tampoco se podrán realizar actividades que afecten a su conservación y deberán mantenerse íntegras las condiciones ecológicas iniciales.

La caza y la pesca también quedan prohibidas, salvo cuando se establezca por parte de la comunidad autónoma responsable un programa de control de población. Recordó que recientemente se declaró el Parque Nacional de Monfragüe, que hace el número 14 de la Red, con lo que se supera ya el 0,6 por ciento del total del territorio español incluido en esa máxima protección.

Manifestó su voluntad de aprobar la creación de nuevos parques, para lo cual los Presupuestos Generales del Estado de 2007 incluyen una partida de más de un millón de euros que pretenden que no haya "parques de primera y de segunda división", al margen de que a partir de ahora la responsabilidad de la gestión y de la financiación será de las CCAA.

Confió en que haya más propuestas para la creación de nuevos parques porque "aún hay en España espacios que pueden recibir tal consideración, no sólo terrestres sino también marinos".

Respecto a las propuestas ya presentadas, dijo que ahora mismo hay dos sobre la mesa, una de ellas en fase más avanzada, que es el Parque Nacional de Guadarrama, que se extiende por la Comunidad de Madrid y Castilla y León, y que es "muy esperado y muy deseado".

La segunda iniciativa, que ha partido del Consell Insular de Menorca para la declaración como Parque Nacional de una amplia zona del norte de la isla, debe aún ser debatida por la comunidad autónoma.

DOCUMENTACIÓN: CONTENIDOS DE LA LEY APROBADA

Con la aprobación de la nueva Ley de la Red de Parques Nacionales, se fijan los criterios y requisitos que debe cumplir cualquier espacio natural para incorporarse a la Red, y se establece un reparto claro de tareas entre el Gobierno y las comunidades autónomas para garantizar su preservación.

La nueva norma permite adaptar la legislación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha sido el que ha impuesto el modelo de distribución y gestión de competencias en esta materia y la financiación de estos espacios protegidos.

El alto tribunal sentenció que la gestión de los parques corresponde en exclusiva a las Comunidades Autónomas, y la legislación básica, a la Administración del Estado, a la que corresponde la tutela general de la Red o la elaboración y aprobación del Plan Director.

De acuerdo con la nueva ley, estos espacios deben destacar tanto por su alto valor ecológico y cultural como por la belleza de sus paisajes, por la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas.

La construcción queda prohibida en los parques nacionales, en los que el suelo nunca podrá ser declarado urbanizable, tampoco se podrán realizar actividades que afecten a su conservación y deberán mantenerse íntegras las condiciones ecológicas.

La caza y la pesca también quedan prohibidas, salvo cuando se establezca por parte de la comunidad autónoma responsable un programa de control de población.

Cada tres años, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará un informe de situación de la Red que elevará al Senado y será público.

La nueva ley mantiene al Consejo de la Red como órgano colegiado consultivo, adscrito a Medio Ambiente, encargado de evaluar el funcionamiento de la Red y con la competencia de proponer la declaración, modificación e incluso la revocación de la declaración de Parques Nacionales.

Esta posibilidad de anular la declaración de un parque nacional está prevista si se produce una degradación significativa en el espacio natural.

Además, el Gobierno ha previsto un régimen sancionador específico aplicable a cada parque nacional.

Actualmente la Red de Parques Nacionales está constituida por catorce espacios, ocho peninsulares y seis insulares, con una superficie que supera las 340.000 hectáreas, algo más del 0,6 por ciento del territorio español.

Desde el 1 de julio de 2006 las comunidades autónomas de Andalucía y Aragón gestionan los parques nacionales de Sierra Nevada y Doñana y Ordesa y Monte Perdido, respectivamente.

Además, Cataluña gestiona Aigüestortes y está previsto que a lo largo de este año se culminen el resto de traspasos.

Tras la aprobación definitiva este año de Monfragüe como parque nacional el Gobierno quiere ampliar la Red hasta reunir unos veinte espacios, que para el Ejecutivo serían los más representativos del patrimonio natural y de la biodiversidad española.

A la Red podrían sumarse en el futuro espacios de las islas de Menorca, Ibiza o Formentera o de Sierra Espuña (Murcia), y algunos de los parques ya existentes se podrían ampliar; es el caso de Garajonay y el de Timanfaya, para incluir en éste el grupo de islotes que forman el archipiélago Chinijo.

Los parques nacionales son Ordesa y Monte Perdido, Teide, Caldera de Taburiente, Aigüestortes i Estany de San Maurici, Doñana, Tablas de Daimiel, Timanfaya , Garajonay, Archipiélago de Cabrera, Picos de Europa, Cabañeros, Sierra Nevada, Islas Atlánticas y Monfragüe. Ç

Posición ongs conservacionistas:

WWF/Adena: No deja al Gobierno "ninguna capacidad" para controlar que la normativa se cumple

La organización ecologista WWF/Adena lamentó que la nueva Ley de la Red de Parques Nacionales, aprobada hoy en el Congreso, sea "sólo de mínimos", al no dejar al Gobierno "ninguna capacidad" para controlar que la normativa se cumple.

Así lo indicó a Efe el secretario general de este colectivo, Juan Carlos del Olmo, quien sostuvo que "al menos es positivo" que se mantenga la Red junto con el Plan Director que traza "las líneas generales de lo que es un Parque Nacional, y de lo que se puede hacer en él y lo que no".

"Lo malo es que, en su gestión diaria, no se plantea la codecisión del Gobierno con las comunidades para evitar presiones locales que puedan hacer ceder a los ejecutivos autonómicos y terminen por degradar esos espacios", comentó, en alusión a posibles actividades pesqueras, vinculadas al turismo o a la construcción de carreteras, entre otros asuntos.

Aunque la Ley prohíbe expresamente el urbanismo, la caza, la pesca y la tala de árboles dentro de los Parques Nacionales, prosiguió el experto, "no deja a la Administración central ninguna capacidad de controlar que eso se cumple".

"Simplemente se permite al Gobierno que realice una auditoría cada tres años", apuntó, en la que podría incluso retirar la calificación de Parque Nacional a un determinado espacio, algo que consideró ineficaz "porque el medio ambiente no se degrada de golpe".

Del Olmo cuestionó el modo en que se aplicará el presupuesto destinado a estos hábitats, al afirmar que dada la ausencia de control del Ejecutivo central "ese dinero puede ir a parar a la caja de la Comunidad autónoma y no hay posibilidad de fiscalizarlo".

"Nos da mucho miedo que se rebaje el nivel de garantía de protección de los parques", subrayó, al tiempo que confesó que cada autonomía tiene "su visión" de cómo se deben hacer las cosas y "algunas -matizó- son desastrosas".

El ecologista se felicitó de que se hayan ampliado los espacios que pueden ser parques nacionales, ya que se plantea la representación de todos los tipos de ecosistemas, al incluir las zonas esteparias y hábitats marinos muy frágiles.

Con esta nueva ley, concluyó el secretario general de WWWF/Adena, la Red de Parques Nacionales "tendrá sólo un carácter nominal" sin que "nadie tenga capacidad de controlar" que se respetan y protegen estas zonas

Ecologistas en Acción: "Garantiza el mantenimiento de la Red de Parques Nacionales"

Ecologistas en Acción considera "muy positiva" la nueva Ley de la Red de Parques Nacionales aprobada hoy en el Congreso, según su coordinador, Theo Oberhuber. Oberhuber dijo a Efe que la organización acoge con satisfacción la nueva ley, porque "garantiza el mantenimiento de la Red de Parques Nacionales".

El ecologista indicó que el nuevo texto legislativo permite que se conserve esta figura a nivel estatal, "en riesgo de desaparición" tras la sentencia del Tribunal Constitucional que transfería las competencias en materia de gestión a las comunidades autónomas.

Según el coordinador de Ecologistas en Acción, la aprobación del texto garantiza que la Red de Parques Nacionales no se convierta en una "suma de espacios con la misma catalogación" sin una gestión "con elementos en común".

Otro aspecto destacable, a juicio de los ecologistas, es la prohibición de actividades "muy impactantes" dentro de los límites de estos espacios protegidos, tales como la caza, la pesca, la actividad forestal con fines comerciales y los desarrollos urbanísticos.

Asimismo, Oberhuber apuntó que la ley apuesta por completar la Red con espacios representativos de los ecosistemas que incluye en su anexo. "Aunque hay algunos aspectos concretos en los que nos hubiera gustado ir más allá, la valoración es muy positiva", añadió.

 

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